Llega el juicio final para Google: ¿desmantelarán el gigante de las búsquedas que todo el mundo utiliza?
Atención, usuarios. La búsqueda online que siempre has utilizado, podría cambiar radicalmente. Te vamos a explicar porqué y que pasa.
La batalla legal entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y Google ha entrado en su fase decisiva. Tras el fallo de agosto de 2024 que declaró culpable a Google de abusar de su posición dominante en el mercado de búsquedas online, el foco se centra ahora en los remedios que el juez federal Amit Mehta podría imponer para restaurar la competencia. Las propuestas del DOJ son ambiciosas y podrían transformar radicalmente el panorama digital tal como lo conocemos.
¿Google demasiado grande? EEUU quiere dividir su imperio digital
La acusación se basa en la estrategia de Google de tejer un “círculo vicioso” de acuerdos exclusivos con fabricantes de dispositivos (como Apple, por el que paga miles de millones para ser el buscador predeterminado en Safari), navegadores y operadores móviles. Estos pactos aseguran la omnipresencia de su motor de búsqueda, generando un flujo constante de consultas que alimentan sus algoritmos, mejoran sus resultados, atraen más publicidad y, finalmente, se reinvierten en nuevos acuerdos de exclusividad. Este sistema, según la fiscalía, ha permitido a Google alcanzar una cuota de mercado superior al 90%, no por ofrecer el mejor producto, sino por bloquear la competencia.
Entre las medidas más drásticas solicitadas por el DOJ se encuentra la venta del navegador Chrome. Considerado una “puerta de entrada privilegiada” que genera un tercio de las búsquedas a nivel mundial, su separación del motor de búsqueda rompería un vínculo clave en la estrategia de dominio de Google. Otra propuesta controvertida es la licencia obligatoria del índice de búsqueda y los datos acumulados por Google a lo largo del tiempo. El objetivo es permitir que nuevos motores de búsqueda puedan competir en igualdad de condiciones, aunque Google lo califica como una “etiqueta blanca” forzada. Como medida de último recurso, si las soluciones iniciales no dan resultado en cinco años, el DOJ incluso plantea la desinversión del sistema operativo Android, otro pilar fundamental del ecosistema móvil de Google.
En respuesta, Google ha calificado las propuestas de “extremas”, “injustificadas” y “perjudiciales para los consumidores”. Su defensa se centra en argumentar que su liderazgo se debe a la “inversión e innovación”, no a prácticas desleales. Además, advierten que medidas como la venta de Chrome o el intercambio forzado de datos sentarían precedentes peligrosos y socavarían la seguridad y privacidad de los usuarios. La compañía también ha intentado contrarrestar la narrativa del monopolio señalando el auge de la inteligencia artificial generativa como una prueba de la creciente competencia en el mercado.
En un intento por evitar las medidas más drásticas, Google propuso en diciembre de 2024 alternativas como mantener los acuerdos de predeterminación, pero con mayor flexibilidad y revisiones periódicas, y dar más libertad a los fabricantes de Android para incluir múltiples motores de búsqueda. También sugirió la creación de un mecanismo de supervisión independiente.
Ahora, el juez Mehta se enfrenta a la compleja tarea de equilibrar la necesidad de restaurar la competencia con el impacto potencial de las medidas propuestas en una empresa que ha moldeado la forma en que accedemos a la información durante más de una década. La decisión, que se espera para agosto o septiembre de 2025, podría marcar un antes y un después en la historia de internet y sentar un precedente crucial en la regulación de los gigantes tecnológicos.
